Covid-19 y SGAE: dos aniversarios

Soy poco de aniversarios. Los asuntos importantes hay que recordarlos por sí mismos, porque son importantes, y, si no, pues nada, pasando, que es gerundio, como decían los clásicos. Pero algunas veces, hay que reconocer a los aniversarios la función que cumplen de recordatorio, de asiento mental para detenerse un momento y hacer balance.

Hace un año, por ejemplo, el 14 de marzo, cuando Pedro Sánchez decretó el estado de alarma y todos fuimos al fin conscientes de que la pandemia desatada por el SARS-CoV-2 no era una broma. Qué año, qué de cosas. Por fortuna, no hace falta que me ponga ahora a recopilarlas porque ya lo han hecho un montón de periodistas, analistas y escribidores de toda laya y condición y no hace falta repetirse a cada momento. Kiko Llaneras, por ejemplo, -ya saben que yo tengo debilidad por Kiko, una de las cabezas mejor amuebladas de nuestro andamiaje intelectual- escribía el otro día en su newsletter un análisis realmente prodigioso del primer año de pandemia. Ni un pero que ponerle.

¿Ni un pero? Bueno, quizá esta frase, escrita como al desgaire al enumerar los errores más flagrantes que se cometieron: “Me interesan poco las responsabilidades de estos problemas (creo que serán históricas y a repartir)”.

A ver si lo entiendo: los responsables de gestionar la pandemia fallaron -lo dice Kiko, no yo- en detectar, en atender y en organizar. No sabemos por qué, pero fallaron. Y como consecuencia de ello, el número de muertos se disparó hasta alcanzar cifras que ni siquiera hemos acertado a precisar.

¿De verdad no hay que determinar qué culpas ha habido? ¿Será “la historia” quien juzgará a los responsables? Caramba.

Si alguien se encuentra a otro alguien accidentado, herido o abandonado y lo desatiende y muere como consecuencia de esa desatención, ese primer alguien puede y debe ser juzgado, entre otras cosas, por denegación del deber de socorro. Si además es un funcionario público quien obra de este modo, el delito se agrava. ¿Pero si son setenta mil, o cien mil, los abandonados y los muertos, eso ya es un asunto que solo compete a la historia? Alguien me lo tendría que explicar. Porque el problema no es que yo, esta vez, esté en desacuerdo con Kiko Llaneras, sino que todo el mundo parece estar de acuerdo con él.

Con siempre andamos corriendo sin saber a dónde, ya se nos ha olvidado que en la gestión de este disparate puede que se hayan cometido -eso sí, presuntamente- delitos muy graves. Y no estaría mal indagar en los nombres y apellidos sin necesidad de remitirnos al Juicio Final.

10 años del caso SGAE

El día 1 de julio de 2011, la guardia civil, con ese estilo tan suyo de cuerpo policial especializado en la persecución de bandoleros, entró en la sede la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) y se llevó detenidos a su presidente y a un puñado de colaboradores a los que puso a disposición del juez y a los que la fiscalía acusó de un sinfín de delitos en la gestión de la sociedad. A partir de aquel día, Teddy Bautista, un mito en la historia del rock español, que llevaba treinta años trabajando por el reconocimiento profesional de los artistas, recibió, por parte de los telediarios, la condena a muerte civil. La opinión pública, pero más aún la opinión publicada, sentenció a Bautista (y a Caco Senante, y a Ramoncín, y a otros cuantos más) con esos argumentos tan castizos de “yo lo sospechaba hace tiempo”, “esto se veía venir” y “menuda gentuza, cómo se lo han llevado crudo”. En aquellos primeros momentos de conmoción, no recuerdo haber leído, fuera de su círculo más próximo ninguna defensa de estos hombres a partir del argumento de la presunción de inocencia. Después, el tema se olvidó.

A los pocos años, empezaron a gotear las sentencias sobre los distintos delitos de los que se acusaba a Teddy y a sus colaboradores. Distintas sentencias: todas absolutorias. Finalmente se ha dictado la última, la más mollar, la que se ocupa de los delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad de documento mercantil y asociación ilícita. También absolutoria.

Diez años de muerte civil son muchos años. El problema de la lentitud de la justicia no es un problema para la justicia sino para los inocentes con los que se cruza en su camino. Y como alguno de los afectados ha declarado, a ver cuántos de los que los dieron por culpable salen ahora a rectificar.

Este es un asunto, el de los falsos culpables, el de los que cumplen penas de telediario, del que no tenemos que cansarnos nunca de escribir.

Yo tengo previsto volver pronto a la carga.

Publicado en La Política Online 20/03/21

El hombre puso nombre a los animales


Hace unos días leí que el Instituto Leibniz para la Lengua Alemana había recopilado 1200 nuevas palabras nacidas durante la pandemia, muchas más que las 200 de promedio que viene recopilando cada año.

Una noticia similar se había publicado en los medios españoles algunos meses antes, pero con una diferencia importantísima en el verbo principal de la oración. Mientras que la institución alemana se limita a “recopilar”, la Real Academia de la Lengua Española (la RAE para los amigos) “acepta” o “autoriza” o, a veces, cuando está más permisiva, “recomienda”.

Fíjense ustedes: los alemanes, a los que tenemos por el sumun del rigor y el autoritarismo, parece que en esto de la lengua son más de describir que de opinar, como gustaba al maestro Pla.

Y no es que lo de la RAE me parezca mal (que me lo parece), es que lo encuentro un esfuerzo inútil, de esos que solo conducen a la melancolía. Por mucho que nuestros preclaros próceres se empeñen, la lengua tiene sus propios mecanismos de funcionamiento y autorregulación, que no pasa por autorizaciones ni permisos, sino por las necesidades del hablante. Por supuesto que la lengua no tiene vida propia, como se dice muchas veces por parte de lingüistas, poetastros dolientes y demás gentes de bien vivir. Los que tenemos vida propia somos los que la utilizamos, los que nos valemos de ella para decir, para entender, para satisfacer nuestra curiosidad o para expresar nuestros más hondos y nuestros más superficiales deseos. El uso de la lengua es uno de los mejores aprendizajes en los que se puede engolfar el ser humano porque ella le va a conducir por todas las vías necesarias para el conocimiento intelectual, para el control de las emociones y para la transmisión de los sentimientos. A través de la lengua se conoce el mundo y se comparte con los demás.

Diccionarios y normas

Y la lengua, claro, tiene sus reglas y sus mecanismos, que hay que conocer todo cuanto se pueda. Sintaxis y morfología, por supuesto. Palabras, cuantas sea posible. Pero las palabras recogen el mundo, lo nombran, lo describen, y el mundo cambia, y es muy complejo. No digamos en los tiempos de ahora -los últimos cuarenta años, por ejemplo- inmersos en plena revolución tecnológica y digital: realidades que aparecen de pronto, de un día para otro, y que hay que nombrar, como Kiko Llaneras, un tipo que seguramente tendrá defectos, pero al que nadie puede negar su rigor y su valentía intelectual, explicaba el otro día en esta piececita por qué utiliza un anglicismo determinado que tiene su equivalente en español. Impecable su argumentación, me parece. Algo así le ocurrió, un poco antes, a Garcilaso de la Vega, cuando algunos intelectuales de su época le tildaron de italianizante (¡mira lo que me han llamado!) y le reprocharon el uso del lexema “súbito”. Jacinto Benavente (Premio Nobel, miren por dónde, si es que eso sirve para algo) incorporó la palabra meeting en uno de sus poemas para referirse a concentraciones políticas masivas, cuando los mítines hasta entonces se habían llamado vaya usted a saber cómo… En fin, los ejemplos son infinitos.

Por supuesto, no me opongo a los diccionarios -cómo podría- sino al empeño en normativizar el vocabulario. Una vez que la gran María Moliner y don Julio Casares pasaron a mejor vida, sus espléndidas obras perdieron pie. La RAE tuvo intuición y dinero para hacerse, casi de manera monopolista, con el fascinante campo del diccionario de uso, pero cometió el error de mezclarlo con su afán regulador y ahí sigue empeñada en determinar lo que está bien y lo que está mal con criterios más que dudosos. Siempre doy cuenta, cuando hablo de esto, de la risa que me produjo el día que el DRAE acogió en su seno la palabra “carroza” en su acepción de “persona vieja o anticuada”. Tal uso de este término había tenido, en efecto, una gran aceptación durante unos cortos años, allá por la década de los ochenta del pasado siglo. Cuando la RAE le otorgó carta de naturaleza y admitió, como ella dice, su uso, ya nadie la utilizaba, pero ahí la tienen ustedes, como una campeona, en la acepción quinta de esa entrada, sin añadirle siquiera el indicativo de que es palabra en desuso. Pocos años después. los académicos nos autorizaron a decir “almóndiga”, palabra que solo usa en ese formato el que ya la usaba antes de que fuera incluida en el santoral.

Pero lo que más me fascina es la diferencia entre palabras “autorizadas” y palabras “recomendadas”. Nunca he entendido ese matiz. Cuando una autoridad autoriza algo (valga, con permiso de la RAE, la redundancia), se entiende que tiene capacidad coercitiva para exigir su cumplimiento, pero que si solo lo recomienda el sujeto concernido puede hacer uso de su discernimiento para actuar. El caso de las normas de tráfico es un ejemplo perfecto: si en una curva hay una señal circular con el número 80 escrito sobre fondo blanco y rodeada de un círculo rojo, todos sabemos que sobrepasar esa indicación puede llevar aparejada una sanción. En cambio, si se trata de un cartel cuadrado con los mismos números escritos sobre fondo azul, sabemos que si la sobrepasamos nadie nos castigará por ello. ¿Cómo funciona esto en el caso de la Academia? Por ejemplo, en un artículo mío publicado hace unos días en estas mismas páginas, escribí la palabra lobi con las mismas cuatro letras con que lo hago ahora y pedí a los amables editores de este periódico que no me lo corrigieran. La Academia solo recoge este lexema como lobby, en cursiva, como corresponde a un extranjerismo (y, por cierto, con una definición absurda). ¿Mandarán los académicos a algún alguacilillo a que me detenga por desoír sus normas? ¿Me impondrán multa o pena de prisión? ¿No sería todo mucho más fácil si se limitaran a recopilar y acaso, como mucho, a atender consultas y esbozar recomendaciones en estos tiempos convulsos en los que no nos da la vida para dar nombre a las cosas?

Ah, que para algo así nació Fundéu, se me había olvidado. Claro, claro: otro día hablamos de Fundéu.

Publicado en La Política Online el 06/03/2021